El Proyecto de ley del Control preventivo de identidad introducido desde la aprobación de la Ley 20.931 y su ampliación hacia menores de 14 años vienen a legitimar la sociedad de control. Presentado como una mejora sin ningún estudio que evalúe o, al menos, tensione la legislación vigente más que el alero del refrán popular que dice que “el que nada hace, nada teme”, esta medida no sólo viene a restringir derechos básicos de las personas, es también clara señal de la relativización de la condición de sujeto de derecho de niños y niñas. No sólo se les equipara a la condición adulta, sino se trata de una práctica que, a razón de sus escasos criterios, es propensa a ser ejercida en forma discriminatoria y aplicada a personas de posición socioeconómica más carenciada, atentando contra la libertad y seguridad personal. Con aires similares al proyecto de Aula Segura, es parte de los esfuerzos constantes por criminalizar a las infancias y adolescencias críticas y hacer caso omiso a sus derechos, a pensar, habitar, e imaginar una sociedad distinta.
Publicado el 25/05/2019.
