Incoherencia gubernamental agudiza crisis social en los desbordes de la pandemia

La declaración del Estado de Excepción Constitucional ante la catástrofe que encarna la pandemia del COVID-19 a nivel mundial ha levantado en los últimos meses una serie de cuestionamientos. Apelar, como se ha hecho hasta ahora, a la aplicación de medidas sanitarias como razón primordial esbozada por la autoridad ministerial se contradice con la apertura de grandes centros comerciales y el otorgamiento de permisos de vacaciones, lo que obligó a retornar a cuarentenas totales que no han bajado los altos porcentajes de movilidad y circulación viral, sumado a la falta de medidas concretas de protección social que pudieran sustentar grandes períodos de confinamiento. La cuarentena total no arroja mejorías: la comuna de Valparaíso entró al Paso 1 el 11 de marzo, con 631 casos activos, y el último sábado registró 1.134, según el Ministerio de Salud. Así, en solo cuatro semanas, los casos activos crecieron un 80%.

La falta de coherencia entre las medidas impuestas y las constantes contradicciones que día a día observamos en las decisiones de la autoridad sanitaria siembran interrogantes razonables acerca de las verdaderas motivaciones detrás de la aplicación de medidas autoritarias como el toque de queda, la represión policial y la imposibilidad que tiene la población para reunirse y expresarse libremente, sin que ello signifique, como ha dicho el ministro ante la divergencia de opiniones, estar en contra de Chile y de la esperanza que se debería tener en estos tiempos de dolor y perplejidad. Es la necesidad de subsistir la que agobia, la que no permite más que mirar hacia un futuro suspendido en la incertidumbre.

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